El activista informático Jaime Gómez-Obregón, Premio Blasillo de Huesca al ingenio en internet, admite que hay “retraso” en cuanto al acceso y transparencia de los datos de las administraciones públicas en España y aboga por el empoderamiento de la ciudadanía en cuanto al tratamiento de la tecnología, la ciencia de datos y el conjunto de datos públicos.
¿Qué supone recibir el Premio Blasillo de Huesca?
Yo quiero pensar que no se está premiando a ninguna persona en concreto, sino que, lo que se premia aquí y lo que se está reconociendo, son dos cosas. Por una parte, esta idea transversal, que tantas personas compartimos, en torno a la transparencia, publicación y liberación de los datos públicos de las administraciones públicas como una forma de darle más luz a las cosas que son de todos. Por otro lado, quiero pensar que también se reconoce el valor transformativo y el poder y capacidad de transformar las cosas que tiene la ciencia de datos y los datos públicos precisamente para aflorar y exponer cosas que de otra manera permanecerían ocultas.
Cuando se habla de este reconocimiento y de tu labor, hablamos de que has hecho diferentes tareas como esa investigación que hiciste en la Administración cantábrica. Tú tienes un portal donde das a conocer información sobre la Casa Real, por ejemplo. Pero… ¿En qué consiste tu labor y cuál es la trayectoria que has tenido en este ámbito?
Yo soy un ingeniero especializado en tratar grandes volúmenes de datos, esto que ahora se llama macrodatos o bigdata. Yo soy un friki de los datos y cuando te gusta, te interesa y profesionalmente te dedicas con pasión a trabajar con grandes volúmenes de datos, al final, te enamoras de la Administración pública porque es la gran fábrica de datos públicos y de datos de calidad en general. Entonces, lo que yo he venido haciendo en los últimos tiempos no es sino aplicar las mismas ideas, tecnologías y conceptos que he aplicado durante toda mi vida profesional en el sector privado a los datos públicos para tratar de hacer herramientas que permitan explorar lo que sucede en esta galaxia del sector público con esta vasta organización y vasto ecosistema de administraciones y organismos públicos.
¿Por qué hay algunas instituciones, entidades y empresas a las que no les interesa dar a conocer esos datos o que incluso lo hacen de manera semiabierta?
Esto es una pregunta que igual no me corresponde a mí responderla. Me da la sensación de que hay un miedo a la transparencia y un temor a la transparencia. A veces la sociedad va más deprisa que la política, las normas y las leyes. Ciertamente tenemos leyes de transparencia, pero no acaban de ponerse a pleno rendimiento. Entonces, quiero pensar que es muy humano que, desde la gestión pública, a veces, existan estos miedos y temores. Yo creo que de alguna manera el empoderamiento de la ciudadanía debería permitirnos hacer lo que quizás desde dentro de la política y de las administraciones públicas no se atreven.
Compartías este reconocimiento con toda la comunidad de activistas informáticos, con todos aquellos que trabajan con los grandes volúmenes de datos. ¿Cómo está nuestro país respecto a otros países? ¿Se está trabajando en iniciativas y es buena la calidad del trabajo que se está haciendo aquí?
Yo en esto hago una doble lectura. La situación actual en cuanto a publicación y liberación de datos públicos, hablo desde expedientes de licitaciones, de contratos públicos y de adjudicaciones de contratos como de otro tipo de informaciones, datos y documentos públicos, no tiene nada que ver como está ahora o como estaba hace quince años. Entonces en ese sentido se ha recorrido un camino importante de reconocer y de aplaudir, también porque las leyes lo obligan. Pero esas leyes han surgido de la voluntad de algún sitio. También es una tendencia global en Occidente la publicación de los datos públicos y la transparencia, pero, al mismo tiempo que decimos esto es importante, no hay que olvidarse de que hay problemas en cuanto a la publicación de datos públicos en España. Por ejemplo, la publicación de los datos mercantiles está notablemente atrasada respecto a otros países europeos. Yo, como español, con un único clic, solo con uno, puedo descargarme ahora mismo la titularidad de las empresas y de todas las personas que controlan 2,2 millones de empresas británicas. Me puedo descargar también la totalidad de los estados financieros, los balances de las situaciones y cuentas de resultados que los empresarios británicos depositan en el Registro Mercantil británico. Sé que no son dos jurisdicciones comparables porque son realidades normativas diferentes, pero en España esto no existe. Realmente y creo que hay que decirlo, lo que sucede en España es lo mismo en 2021 que lo que ocurría en 1973. El modelo es el mismo, no ha cambiado y no es posible descargarse y acceder a estos datos con ciencias de datos y tecnología para poder aplicar las modernas técnicas de inteligencia artificial sobre la totalidad del conjunto de datos. Eso es un paso importante que hay que dar y España lleva muchos años sin ello.
En ese sentido, ¿está la legislación preparada para todo lo que es tener los datos abiertos o existe ese retraso?
Esto es muy divertido comentarlo aquí en noviembre de 2021 cuando hay una Directiva Europea cuyo plazo para la transcripción al ordenamiento jurídico español ha concluido hace unas semanas y no se ha transpuesto la Directiva Europea, que además habla de los datos mercantiles como un conjunto de datos de alto valor a los que hay que facilitar el acceso. Por ejemplo, yo como español me puedo descargar un montón de información de empresas británicas, pero, sin embargo, no puedo hacerlo fácilmente de un conjunto de empresas de mi ciudad, de mi municipio. Esto pasa en Alemania donde yo puedo hacer con un clic y descargarme toda la información que quiera prácticamente, pero España va con retraso. ¿Si las leyes van lentas? Evidentemente. Si hay una Directiva Europea que dice que hay que hacer unas cosas y no se ha hecho y no se ha hecho en plazo, estamos haciéndolo mal o lento. El temor que tengo, además, que más que un temor es un triste convencimiento, es que cuando esa Directiva se trasponga se va a hacer con una idea de mínimos porque en España existen también unas inercias importantes e intereses creados. Yo creo que no hay que taparlo. Hay unos intereses creados en torno a la opacidad de los datos. Hay intereses en que esa información no se publique porque hay negocios ya constituidos en torno a la explotación privada por parte de compañías que llegan a acuerdos privados también con los funcionarios del estado que tienen encargados ese servicio público. Estoy hablando del Registro Mercantil.
¿Nos puedes dar algún adelante o avance de tus próximos proyectos o de algo en lo que quieras trabajar o publicar?
Ahora estoy trabajando en darle escala, industrializar -que lo digo con ironía y ambición- lo que he hecho en Cantabria y que es elaborar una herramienta digital para poder explorar toda la contratación pública del Estado, de empresas públicas, ayuntamientos, ministerios… Cuando digo explorar me refiero a poner en disposición de la gente de la calle un instrumento digital e interactivo para que puedan conocer qué es lo que sucede sin necesidad de tener que hacer un máster o un posgrado como pasa a veces con estas cosas. La contratación pública es compleja y hay muchísimos datos (más de 2 millones de expedientes) y hay un reto importante ahí de hacer eso asequible para la ciudadanía. Es interesante, no solo porque promueve la transparencia en la contratación pública y licitaciones, sino también porque de alguna manera lo que conseguimos hacer desde la ciudadanía va a servir para prestigiar nuestras administraciones públicas y promover la competencia en las licitaciones.